Trascendió en las últimas horas que el Gobierno evalúa una prórroga hasta el 28 de febrero pese a que desde las cámaras inmobiliarias habría lobby para que no se extienda esa normativa.
“Desde Inquilinos Agrupados vemos con mucha preocupación que el gobierno extienda solo un mes el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende los contratos de alquiler”, se quejó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.
“Extender el decreto sólo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1 de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplasistas”, sostuvo Muñoz, quien anticipó una movilización a Plaza de Mayo
Cabe recordar que el Gobierno decidió en septiembre pasado mantener suspendidos los desalojos por falta de pago y seguir con el congelamiento de precios de los alquileres. Así había sido establecida a fines de marzo con el decreto 320, con fecha de finalización el 30 de septiembre. Pero ante la emergencia económica y sanitaria por la crisis del coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar las medidas hasta el 31 de enero de 2021. Ahora resta saber si habrá una nueva prórroga
Lo que decía Guzmán en Septiembre 2020 sobre el tema tarifas que empieza a reactivarse en la agenda:
el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento.
“Las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”, dijo Guzmán el martes, cuando recibió a los periodistas para hablar del Presupuesto.
En esa oportunidad, el ministro también dijo que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó.
Intenciones reales en 2021
El Gobierno tiene un plan concreto frente al problema de la actualización de las tarifas de los servicios públicos. La intención oficial es autorizar subas eventuales distribuidas durante este año, pero atadas a la evolución de los costos de las prestadoras de los servicios de energía, gas y agua. Para esto el Ejecutivo piensa habilitar en el primer trimestre del año un mecanismo que está dentro del esquema legal de privatizaciones: audiencias públicas donde intervengan tanto el Estado, como las empresas y los consumidores; en todas sus variantes. Esto es, particulares, empresas y hasta el sector público en su rol de consumidor. Es este marco los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses; período que obviamente incluye la pandemia y el último trimestre de 2020. De esas argumentaciones se tomará cuál es el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados. La intención es que las prestadoras no pierdan dinero contra el año pasado. Pero que tampoco ganen.
Según las proyecciones muy preliminares que tiene en mente el gobierno, el alza no debería superar el 36% de la inflación de 2020. Y en lo posible, menos del 29% que el ministerio de Economía pronosticó para 2021 de inflación, según la línea editorial que figura en el Presupuesto para este ejercicio. Y que difiere del 50% que pronostican los economistas, porcentaje que para las prestadoras de los servicios públicos debería ser el piso de incremento de las tarifas para este año.